La corrupción estatal tiene un impacto desproporcionado en mujeres que viven en condiciones de pobreza y marginación en América Latina. Según estudios internacionales, estas mujeres enfrentan barreras significativas al acceder a servicios públicos esenciales, como salud y educación, y a derechos fundamentales, viéndose frecuentemente obligadas a pagar sobornos o enfrentar discriminación. Además, los roles tradicionales de género agravan la situación, exponiéndolas a vulnerabilidades adicionales, desde extorsión sexual hasta exclusión económica.
Esta problemática, poco visibilizada en la agenda anticorrupción, subraya la necesidad de integrar una perspectiva de género en las políticas públicas. Es imperativo diseñar estrategias que incluyan canales de denuncia con enfoque de género, sensibilización a funcionarios públicos y fortalecimiento de redes comunitarias feministas para contrarrestar estas desigualdades.
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